El Consejo de Gobierno de Andalucía, en su reunión del 26 de enero, ha acordado iniciar la elaboración del proyecto de ley para la creación del tribunal especializado que reducirá el índice de litigiosidad en la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria de la comunidad autónoma.

El nuevo órgano de resolución extrajudicial de asuntos, denominado Tribunal Administrativo de Andalucía, agilizará los tiempos de respuesta e incrementará la seguridad jurídica de la ciudadanía en los conflictos planteados ante la Administración. Estará especializado en materias cuyo volumen de impugnaciones conlleva actualmente una sobrecarga tanto para los juzgados como para las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Asimismo, conocerá y resolverá sobre asuntos de carácter repetitivo que permiten respuestas homogéneas a la diversidad de recursos interpuestos.

Esta iniciativa, complementaria a la creación de juzgados y alternativa a la posibilidad de acudir a la vía contenciosa, solventará los recursos interpuestos aplicando los mismos criterios de los órganos judiciales pero acortando considerablemente el tiempo de respuesta. Además, el proceso también se agilizará gracias a la implantación de un sistema telematizado de principio a fin.

De naturaleza imparcial e independiente de las estructuras administrativas en las que se producen los actos y resoluciones recurridas, el Tribunal conocerá de determinados asuntos de función pública, procedimientos sancionadores, concesiones y contratos administrativos, responsabilidad patrimonial y otorgamiento de subvenciones, entre otras cuestiones. Asimismo, se atribuirá la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación.

En todas estas materias, los ciudadanos podrán recurrir gratuitamente ante el nuevo órgano en sustitución de la presentación de los recursos de alzada y potestativo de reposición contra los actos y resoluciones dictados por órganos de la Junta y sus agencias públicas, así como de todas las entidades locales que suscriban un convenio al efecto.

En cuanto a la composición, el presidente del Tribunal Administrativo será nombrado por el Consejo de Gobierno, con rango asimilado al de director general, entre funcionarios de carrera que sean juristas de reconocido prestigio y con una experiencia de más de diez años. Los puestos de vocal, por su parte, se proveerán mediante concurso de méritos entre profesionales del mismo perfil y con una antigüedad superior a cinco años.

La tramitación de la futura ley se desarrollará de forma paralela a la creación de toda la infraestructura informática necesaria para que, una vez que el tribunal comience su trabajo, el proceso sea totalmente telematizado desde la interposición del recurso hasta la resolución del procedimiento, sin necesidad de uso del papel.

Tanto la Ley de Administración de la Junta de Andalucía como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevén, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, la posibilidad de sustituir los recursos administrativos por otros procedimientos de reclamación ante órganos independientes, con respeto a los principios, garantías y plazos reconocidos legalmente.

El borrador conocido hoy por el Consejo de Gobierno ha sido redactado por una comisión de expertos constituida el pasado mes de junio con la participación de juristas de la Junta de Andalucía, técnicos de la Consejería de Justicia y Administración Pública y magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa desginados por el TSJA.